El alcalde de Vilasantar, Fernando Pérez, dice que la denuncia que el BNG presentó contra él se debe a una «venganza, ya que el actual alcalde fue el que desmontó la red clientelar montada por la anterior alcaldesa, en la que siete candidatos del BNG trabajaban para el Ayuntamiento». El bloque acusa a Pérez de haber dejado caducar un expediente abierto al aparejador municipal. Sin embargo, el regidor asegura que «la caducidad de dicho expediente está avalada por el informe de la secretaria del propio Ayuntamiento». Explica, asimismo, que la anterior alcaldesa inició el expediente sancionador en febrero del 2011 y que ya en funciones, tras perder las elecciones locales, dictó la propuesta de resolución. «Se produce el cambio de gobierno y es entonces, en este impás, cuando se produce la caducidad del expediente», concluye Fernando Pérez, que añade que las acusaciones del BNG «faltan tanto a la verdad que ni siquiera es el actual alcalde el que dirige el expediente, ya que se abstuvo desde el primer momento por su relación de parentesco con el trabajador».